No causar daño previsible a las personas ni daño innecesario a las restantes formas de vida (animales y plantas).
No comprometer de modo irrecuperable el patrimonio natural de las futuras generaciones.
Mejorar las condiciones básicas de vida de todas las personas, independientemente de su poder adquisitivo.
No ser coercitiva y respetar los derechos y posibilidades de elección de sus usuarios voluntarios y de sus sujetos involuntarios.
No tener efectos generalizados irreversibles, aunque estos parezcan a primera vista ser beneficiosos o neutros.
La inversión de los gobiernos en tecnologías apropiadas debe priorizar de modo absoluto la satisfacción de las necesidades humanas básicas de alimentación, vestimenta, vivienda, salud, educación, seguridad personal, participación social, trabajo y transporte.
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